La mala alimentación en los colegios

Para miles de niños comer cada día en las escuelas y los jardines de la Ciudad de Buenos Aires es una experiencia altamente desagradable. Y no es porque se destine poco dinero al sistema de viandas, sino por la falta de control sobre una red de concesionarios que entrega comestibles de pésima calidad a los comedores. Un informe sobre la cadena de desidia que define la alimentación diaria de lxs estudiantxs porteñxs.

Por Ornella Rapallini y Florencia Ferioli 

“Me quedo con hambre”, “la comida no me gusta”, “no puedo repetir”, “me sirven poco”, “no distingo el sabor entre el medallón de pollo y el de pescado”. Es lo que les dicen las niñas, los niños y les adolescentes a sus familias cuando vuelven de la escuela.

Más de 36 cooperadoras y familias de la comunidad educativa iniciaron una campaña para visibilizar los reclamos por la comida que se sirve en los comedores de las escuelas públicas porteñas. Intoxicaciones, mala calidad e insuficientes raciones son las denuncias que abundan al servicio prestado por empresas concesionarias seleccionadas por el Gobierno de la Ciudad, a través de licitación pública.

Entre los principales problemas que detallan en la prestación de los servicios de desayuno, almuerzo, merienda y refrigerio, sobresalen las intoxicaciones de cientos de alumnxs, la entrega de ultraprocesados como madalenas, pan de ricota y galletitas dulces; la falta de raciones que no alcanzan para la totalidad de los alumnos de las escuelas, el incumplimiento por déficit del gramaje indicado en la normativa, el exceso de carbohidratos, la falta de alimentos frescos, las trabas en el acceso a las becas y la baja composición nutritiva de algunas de las comidas brindadas a las infancias.

La “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs” se lanzó con el objetivo de exigir al Gobierno porteño “democratizar la discusión de Servicios de Comedores Escolares”, tal como lo dispone la Constitución de la Ciudad en su artículo 24, y la mejora de la calidad del alimento que les dan a lxs alumnxs, para lo cual iniciarán un amparo colectivo en terreno judicial, por haber sido agotadas las instancias anteriores. Impulsada por integrantes de la comunidad educativa organizada junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) y  el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), propone terminar con la privatización de los comedores, pensar la recuperación de las cocinas escolares; potenciar la incorporación de trabajadores de la economía popular que producen alimentos y garantizar una alimentación nutritiva y suficiente para los y las estudiantes.

En la misma línea, el lunes pasado la legisladora porteña Ofelia Fernández presentó un Proyecto de Ley que tiene como principios rectores la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas y el incentivo de la Economía Popular, Social y Solidaria, retomando lo propuesto por la Campaña. Además, otro pilar del proyecto es el acceso universal y gratuito para todxs los estudiantes de los establecimientos de gestión estatal y de gestión privada para “garantizar el derecho a la alimentación y alejarnos de la perspectiva mercantilista que caracteriza al sistema actual”. El video que explica en qué consiste la propuesta tuvo una fuerte repercusión pública.

Con hambre no se puede pensar

“En marzo de este año se agudizó la situación: la comida es fea y a veces incomible, no porque les chiques sean quisquillosos. Como las porciones son cada vez más chicas y no alcanza, tiene que salir la Dirección con plata de la Cooperadora a comprar comida para que toda la población escolar coma”, le dice a crisis María José Rodríguez, mamá de un niño de tercer grado, que integra la Cooperadora de la Escuela de Enseñanza Media N°3 D.E. 7 “Osvaldo Pugliese”, ubicada en Villa Crespo. Allí la Comisión de Comedor realizó un informe durante 2019 que tuvo como punto de partida una alarma: muchos estudiantes evitaban comer las viandas entregadas por las empresas concesionarias. El estudio reflejó que el 65% de las porciones pesaban menos de lo establecido en el pliego, que los fideos llegaban pasados de cocción, y que servían ultraprocesados que no contenían el valor nutricional determinado por la normativa, como por ejemplo el medallón de pescado y el de verdura, hallazgo que realizaron en base a análisis químicos. Se observaron numerosos granos de arroz en el relleno de la tortilla y se detectó almidón en el relleno del medallón de pescado, evidenciando poca cantidad de proteínas. “El medallón de verdura reemplaza al menú que figura como ‘tortilla de verdura’ desde hace al menos dos años y su composición no está informada en el pliego correspondiente. Tampoco la composición del relleno del medallón de pescado. Las viandas son provistas por la empresa Rodolfo Ferrarotti SRL, con la supervisión del GCBA”, afirman.

Estas graves faltas en la alimentación escolar porteña se dan en el marco de una amplia jornada educativa, ya que en el inicio de este ciclo lectivo el Ministerio de Educación de la Ciudad determinó Jornada extendida obligatoria para 21.500 alumnos de 6° y 7° grado de todas las escuelas de gestión estatal de jornada simple.

Casos como el del comedor de la escuela Pugliese se replican en otras escuelas de la Ciudad desde hace años. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) sobre “Comedores Escolares – Servicio de Viandas” ya reflejaba en 2016 que en diversas escuelas con distintos prestadores la milanesa de carne vacuna pre elaborada tenía aspecto y sabor “poco agradable”, pasadas de cocción, secas y duras, con un color oscuro en su interior y un sabor salado intenso, y su temperatura de servido era inferior a la establecida en el pliego.

“Mi hija suele comer de todo, pero cuando vuelve de la escuela siempre dice que se queda con hambre, porque la comida es poca, las raciones son pequeñas y además no puede repetir, ni fruta ni postre”, cuenta Florencia Guglielmotti, mamá de una niña que va a sexto grado, e integrante de la cooperadora de la Escuela Primaria Nº4 D.E. 8º “Organización de Estados Americanos”, ubicada en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Si bien las fuentes del Ministerio de Educación, dirigido por Soledad Acuña, sostienen que el servicio de desayuno y/o merienda en las escuelas es “universal”, mientras que los servicios de almuerzo y refrigerio “requieren solicitud de beca y su aprobación por parte de las conducciones escolares”, la escuela “Organización de Estados Americanos” reclamó este año al Gobierno porque la empresa concesionaria Carmelo Antonio Orrico SRL envía menos raciones de las necesarias para la totalidad de la población educativa: el establecimiento requiere la prestación de 417 raciones de desayuno y 354 de comedor, y la empresa envía sólo 245 raciones de desayuno y 230 de comedor desde el inicio de este ciclo lectivo. En ese sentido, Guglielmotti subraya que “aprovechan que no todas las familias hicieron el trámite de beca –que requiere de conectividad y de carga de documentación–, tercerizando el problema a las familias y dejando a decenas de niños y niñas sin su porción”. Esto provoca que en la escuela, para que toda la población educativa pueda comer, se racione el alimento disponible disminuyendo las porciones. “Tampoco hay pan”, agrega, en referencia al programa “Chau Paneras” del Gobierno de la Ciudad implementado desde 2018. “Las comidas suelen ser insípidas y aguadas”. Su hija no distingue entre el medallón de pollo y de pescado en la escuela mientras en su casa los come y los diferencia.

“El menú es el problema”, explica una de las mamás integrantes de la comisión comedor que prueba la comida –y que pidió no dar su nombre porque se trata de un reclamo colectivo– en la Escuela Primaria Común N° 14 D.E. 7 “Dr. Ernesto E. Padilla” de jornada completa, ubicada en Caballito. “Desde hace varios años vienen autorizando congelados y ultraprocesados, lo que era la milanesa de pescado ahora es un medallón. Y la tortilla es un ultra procesado verde que no tiene nada de tortilla ni verdura. Además, el problema es que hay muchos fideos, hidratos, pocas proteínas de buena calidad”.

37.44 pesos

El servicio alimentario alcanza a más de 291.000 alumnos en 1.543 establecimientos educativos y funciona en el marco del Programa de Alimentación Escolar que se rige por la Ley 3.704 de Alimentación Saludable, detallan a crisis fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esta prestación es adjudicada a través de un proceso de licitación pública bajo la órbita de la Dirección General de Servicios de Escuelas del Ministerio de Educación e Innovación, cuyo titular desde el año 2019 es Nicolás García Sáenz.

En abril de 2018 se aprobó la última Licitación Pública, en la cual se adjudicó a 19 concesionarias por el monto total de $6.298.748.744 (más de seis mil millones de pesos)  para el servicio de comedor escolar en escuelas de nivel inicial, primario y secundario, excepto los únicos cuatro comedores escolares autogestivos que quedan en la Ciudad.

Las licitaciones y contrataciones de los servicios alimentarios para las escuelas de CABA se rigen por el Régimen General de Compras y Contrataciones Ley N° 2.095 y la Ordenanza 43.478 de 1989. El acceso a estas licitaciones está diseñado para que participen pocos: para presentarse las empresas deben abonar de forma anticipada 795.000 pesos, que según el pliego de Bases y Condiciones no se devuelven ni en el caso de resultar rechazadas. De esta manera, se excluye a cualquier pyme o cooperativa que quiera participar de la convocatoria y se reduce a unas pocas empresas.

Por su parte, en la licitación se eligen los adjudicatarios asignándoles mayor cantidad de puntos a las empresas que tengan antecedentes de contratación con el Gobierno de la Ciudad, priorizando también la antigüedad en la prestación. En este sentido, la Auditoría porteña ya había advertido en su informe de 2016 que el puntaje que otorga el pliego “atenta contra el principio de libre competencia, concurrencia e igualdad que debe regir en las contrataciones públicas”. Pero además, el sistema no contempla el descuento de puntos ante infracciones o sanciones y multas de las empresas adjudicatarias durante la prestación anterior.  “Hay empresas que fueron sancionadas un montón de veces, como es el caso de las escuelas donde hubo intoxicaciones, pero se pueden volver a presentar en la licitación. Las sanciones son cómicas y económicas,y el Gobierno prácticamente no responde ningún reclamo, es muy difícil el diálogo”, explican desde la campaña.

Este año el Gobierno porteño destinó un presupuesto total de $50.055.347.712 (cincuenta mil millones de pesos) para la licitación pública Nº 7192 1818 LPU 21, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo. Ésta licitación abarca 4 años y supone para 2022 el monto estipulado de 12 mil millones de pesos para el servicio de comedor, viandas, refrigerio y desayuno. “Es un presupuesto muy elevado si se compara con el destinado en otras áreas. Por ejemplo, el de infraestructura escolar asignado para 2022 es 4 veces menor que el presupuesto destinado a la licitación en cuestión”, afirmaron fuentes cercanas a la legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández. “Es un presupuesto gigantesco que, en vez de garantizar comida nutritiva, abundante y de calidad, redunda en una pésima alimentación para lxs estudiantes y en gigantescas ganancias para las empresas”, apuntan desde el Observatorio de la Ciudad.

El acceso a estas licitaciones está diseñado para que participen pocos: para presentarse las empresas deben abonar de forma anticipada 795.000 pesos, que según el pliego de bases y condiciones no se devuelven ni en el caso de resultar rechazadas. de esta manera, se excluye a cualquier pyme o cooperativa que quiera participar de la convocatoria y se reduce a unas pocas empresas.

El Pliego y sus Anexos detallan pormenorizadamente todos los aspectos de la concesión: menú, procedimientos para elaborar las raciones, insumos, las condiciones de transporte y mantenimiento, requisitos respecto del personal de cocina -contratación e higiene-, también bromatológicos, penalidades, etcétera. En los establecimientos que no cuentan con cocina propia, se incluye el reparto. En la estructura de costos, el Gobierno señala que el desayuno general compuesto por “galletitas dulces, vainillas, galletitas de avena, leche con cacao, galletitas de agua, leche con mate o té, barra de cereal (opcional: madalenas o pan de ricota)” vale $37,44. Mientras que para el desayuno de funcionarios públicos, según el Observatorio de la Ciudad, se paga $710 y reciben jugo de naranja exprimido, tostadas de pan lactal de salvado con queso untable de primera marca, mermeladas de frutilla o durazno, variedad de sabores de té, media manzana.

A su vez, se detallan los precios y cotizaciones: indican que para la materia prima se asigna el 34%, el resto es distribuido entre mano de obra, gastos de distribución y gastos generales directos o indirectos. Cabe destacar, que esta estructura de costos no contiene la ganancia que obtienen las concesionarias, lo que lleva a los integrantes de la comunidad educativa a pensar que hay sobreprecios en los valores de los alimentos.

Las concesionarias que se encuentran prestando servicio desde abril de 2018, que fueron prorrogadas en 2021, son:

• Carmelo Antonio Orrico S.R.L., por un importe total de $368.486.537.

• Servicios Integrales de Alimentación S.A. por un importe de $442.576.282. Titulares de la firma Miguel Lombraña y Liliana Rosa Fiedler.

• Lamerich S.R.L. por un importe total de $651.637.734. A cargo de Ruben Melul y Donita Melul.

• Diaz Vélez S.R.L. por un importe total de $232.513.804. Titulares: Leonardo Ramón Perez y Daniela Silvina Sceni.

• Compañía Alimentaria Nacional S.A. por un importe total de $545.897.241. A cargo de Jorge Carlos Pietranera, Graciela Beatriz Grandio, Delfina Pietranera, Compañía Alimentaria Nacional S.A y Lamerich SRL.

• Friends Food S.A.  por un importe total de $382.487.647.  A cargo de Rubén Forastiero.

• Enrique Tavolaro S.R.L.  por un importe total de $198.962.446. Titulares de la firma Jorge Enrique Tavolaro y Andrea Lorena Tavolaro.

• Arkino S.A. por un importe total de $599.248.454. Titulares a cargo de Marta María Porcellini, Martin Manuel, Logiflet SA y Neboly SA.

• Spataro S.R.L.  por un importe total de $252.480.146.

• Alfredo Grasso por un importe total de $339.327.980.

• Treggio S.R.L. por un importe total de $159.548.107. Titulares de la firma: Walter Dario Ferrarotti y Vanesa Edith Ferrarotti.

• Rodolfo Ferrarotti S.R.L.  por un importe total de $164.645.290,11. A cargo de Walter Dario Ferrarotti, Vanesa Edith Ferrarotti y Sucesión Ferrarotti.

• Dassault S.A. E Hispan S.A. – Unión Transitoria por un importe total de $613.823.488. Representantes de la firma: Carlos Alberto Denari, Guillermo Alejandro Quiroga, Mónica Susana Ferrari, Hispan S.A. y Dassault S.A.

• Sucesión De Rubén Martin S.A. – Siderum S.A. U.T.E. por un importe total de pesos $656.462.443. Representantes de la firma Fabián Eduardo Rodriguez y Gabriel Alejandro Diez

• Alimentos Integrados S.A. por un importe total de $226.340.930.

• Servicios Integrales Food And Catering S.R.L.  por un importe total de $41.251.400.

• Bagala S.A.  por un importe total de $221.143.908. A cargo de Hector Alfredo Orlando y  Felipe Francisco Cittadino.

• Caterind S.A. por un importe total de $117.042.527.

• Servir´C S.A.  por un importe total de $84.872.372.

Fuentes del Ministerio de Educación explicaron a crisis que la fiscalización del servicio se realiza a través del personal técnico de la Subgerencia Operativa de Nutrición, en forma diaria en los establecimientos educativos. Asimismo “se supervisan las plantas elaboradoras de los prestatarios a través de dos licenciados en Tecnología Industrial de los alimentos”. También “se realizan verificaciones de los servicios alimentarios que se brindan en los establecimientos de gestión pública de la CABA”. Sin embargo, las fuentes ministeriales no brindaron información sobre la cantidad de reclamos y sanciones a las empresas ni compartieron un registro de las mismas.

Sobre este punto, el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, dice que “no existe un registro público de sanciones y muchas veces el Gobierno no atiende los reclamos o deja sin tramitarlos dentro de un expediente administrativo que lleve a una sanción. Entonces, el gran problema es el control sobre las empresas”. Y agrega que mediante la privatización, el Estado “se saca esa responsabilidad, así cualquier falencia es del privado y no queda un registro muy transparente de los reclamos que hay, porque cada escuela lo maneja de diferente manera, con el supervisor, la concesionaria o con el Ministerio”.

“El medallón de verdura reemplaza al menú que figura como ‘tortilla de verdura’ desde hace al menos dos años y su composición no está informada en el pliego correspondiente. tampoco la composición del relleno del medallón de pescado”

Lo que tapó la pandemia

A principios del ciclo lectivo del 2020, antes de que se determinara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en la Argentina, la empresa concesionaria Lamerich S.R.L. fue denunciada como responsable de la intoxicación de más de 100 estudiantes y docentes de seis escuelas porteñas, que presentaron malestar y vómitos. Para ese entonces Lamerich S.R.L. había recibido más de 10 sanciones por, entre otras cuestiones, trasladar “contenedores de carne dispersos en el interior del transporte y con pérdida de sangre en el suelo, interrumpir la cadena de frío (equipo apagado), higiene inadecuada (constataron el contacto de sangre con una bolsa de cebolla)”, por lo cual pagó sólo una multa de 7304 pesos por “contravenir normas básicas del transporte alimenticio”, algo que puede derivar en intoxicaciones.

En total, las multas que pagó Lamerich S.R.L. suman menos de 80 mil pesos por incumplir pautas de sus contratos en la Ciudad. Actualmente sigue prestando servicios y es una de las empresas que más presupuesto estatal recibió en la licitación de 2018.

Sobre la intoxicación en la Escuela Primaria Padilla, la madre integrante de la Cooperadora recuerda: “Más de 30 chicos que comieron el medallón de verdura con arroz con manteca y queso volvieron a sus casas y vomitaron. No hay información oficial y no hubo una devolución por parte de la empresa ni del Gobierno. Suponemos que era el queso del arroz, aunque no hay ningún documento que nos diga cómo fue. A los pocos días se cancelaron las clases -por la pandemia-, y quedó en el olvido”. En la misma semana, la Escuela Primaria Nº8 D.E. 20 del barrio de Liniers denunció la aparición de gusanos en la comida  -a cargo de la empresa Orrico SRL- generando descompostura estomacal en alumnos.

Pablo Cesaroni, referente de Cooperadores en Movimiento, afirma: “el Gobierno autoriza a las concesionarias a que si aumenta mucho la banana puedan cambiar la fruta y comprar una más barata. Entonces, la empresa puede cambiar el menú temporalmente y reemplazarlo por un alimento con menos proteínas, sin necesidad de autorización del Ministerio”.

Con respecto a la modalidad de becas para acceder al servicio alimentario, María Eva Koutsovitis, integrante de la Campaña lanzada en abril dice: “actualmente solo reciben los alimentos en las escuelas quienes completaron la información y presentaron los papeles necesarios para la solicitud de becas, un formulario online engorroso que pide justificar ingresos, adjuntar recibos de sueldo, dar información del grupo familiar, niveles de formación, etcétera. Incluso, quién decide pagar por el servicio está obligado a brindar esos datos”.

De la empresa a la autogestión

Durante la pandemia, miles de niñas, niños y adolescentes se habían quedado sin el alimento que proveían las escuelas que cerraron sus puertas por prevención. En ese entonces, la diputada porteña del Frente de Izquierda, Myriam Bregman denunció la propuesta alimentaria del Gobierno de Larreta que se reducía a sandwiches de paleta y queso. A fines de marzo de 2020, junto a su compañera Alejandrina Barry y a docentes y familias afectadas, iniciaron un amparo judicial para exigir “comida saludable y de calidad en todas las escuelas”. En abril la justicia falló a favor, obligando al Gobierno a garantizar una alimentación saludable en los establecimientos.

Poco después, ante la negativa del Gobierno a brindar información sobre los comedores escolares, las mismas diputadas iniciaron otro amparo ante la Justicia, por el que se le impuso al entonces ministro interino de Educación porteño, Luis Bullrich, una multa de $8.000 por día y una denuncia penal contra el funcionario. Además, la Justicia obligó al Gobierno a informar sobre el costo de los alimentos, la cantidad de canastas entregadas, cuánto se les pagaba a las concesionarias por el servicio antes y durante el aislamiento, el monto del presupuesto previsto para el servicio de los comedores y cuánto había sido ejecutado hasta ese momento. Las cifras presentadas destaparon una serie de irregularidades que aparecieron en el diario Página 12, advirtiendo sobre “un desvío de fondos millonario”, con un faltante de 800 millones de pesos sobre el presupuesto ejecutado. También se subrayó que once empresas concesionarias del servicio de alimentación a las escuelas recortaron salarios de sus trabajadores en abril de 2020 y luego pidieron la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) al Gobierno Nacional.

Según la información publicada por el periodista Alejandro Rebossio en el portal Chequeado en el año 2017, entre las empresas aportantes a la campaña de 2015 figuraban cuatro de las concesionarias alimenticias que dan servicio a los comedores escolares de CABA. Otra investigación publicada en el año 2020 por El Cohete a la Luna suma información sobre los aportes de las concesionarias a la campaña electoral de Cambiemos, entre los que se destaca el de Friends Food SA, que, según los autores Julieta Bugacoff y Federico Muiña, fue una de las principales aportantes de Cambiemos en las campañas de 2015, 2017 y 2019. Allí además detallan que el sistema alimentario escolar se encuentra en manos de las mismas 19 empresas hace más de 30 años y retoman otra investigación similar realizada por el periodista Andrés Lerner para Tiempo Argentino acerca del servicio alimentario escolar en la Provincia de Buenos Aires, donde se reveló que “tanto Bagalá como Friends Food, que también poseen concesiones en esa parte del país, multiplicaron sus ganancias después de realizar giros encubiertos a la campaña de Cambiemos”.

En septiembre de 2020, en plena pandemia, el Gobierno de la Ciudad intervino la Cooperadora de la Escuela Primaria N.º 4 D.E. 16 “Cnel. Mayor Ignacio Álvarez Thomas” ubicada en Agronomía, que tiene uno de los cuatro comedores escolares autogestionados que quedan en la CABA por fuera del esquema privatizado a nivel general. La actual presidenta de la Comisión directiva de la cooperadora, luego de que cesara la intervención en diciembre de 2021, Ana Zielinski, explica cuál es la diferencia con la gestión privada: “La escuela tiene 92 años y siempre tuvo la autogestión del comedor de la Cooperadora. En la actualidad elaboramos 600 platos diarios. El trabajo, al ser autogestivo, marca una diferencia muy clara en relación a lo que sucede con los comedores que tienen un concesionario: tenemos la cocina en donde se elaboran los menús, la mercadería de la materia prima es del día, no se puede tener materia prima acopiada (cosa que durante la intervención del Gobierno sucedió)”.

“La escuela tiene 92 años y siempre tuvo la autogestión del comedor de la cooperadora. en la actualidad elaboramos 600 platos diarios. el trabajo, al ser autogestivo, marca una diferencia muy clara en relación a lo que sucede con los comedores que tienen un concesionario”

Durante la intervención, que no tuvo nada que ver con el funcionamiento de la cooperadora sino con una “venganza por haber perdido un reclamo judicial” vinculado al natatorio que construyó la propia cooperadora (explica Zielinski), nombraron a Claudia Semerdjian, nutricionista del Gobierno de la Ciudad. “Lo primero que hicieron fue cambiar el proveedor de verduras por un proveedor que no venía todos los días sino tres veces por semana, y las chicas en vez de cocinar el jueves con verduras del mismo día cocinaban con las del martes, cuando es algo que literalmente está prohibido. También trataron de cambiar el proveedor de carne”. La presidenta de la Cooperadora destacó que con la autogestión la calidad de la comida se garantiza al mismo precio e incluso menos que las concesionarias.

Además del Álvarez Thomas, también hay comedores autogestionados en el Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial «Sara C. de Eccleston», ubicado en Palermo; en la Escuela Primaria 8 D.E. 19 “Dr. Luis F. Leloir”, de Villa Soldati; y en la Escuela Nº 11 D.E. 8 “Presidente Marcelo T. de Alvear”, de Caballito.

Dime qué comes y te diré quién te gobierna

“El comedor es una instancia que puede ser una herramienta educativa en sí misma, en cuanto a la transformación de hábitos alimentarios”, dice Andrea Graciano, licenciada en Nutrición, docente de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria e Investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Y agrega que lo que pasa en el comedor es lo que pasa en otros programas asistenciales: “reproducen los consumos de la pobreza en lugar de propiciar o garantizar que se incluya en esas instancias alimentos a los que son difícil de acceder dentro de las capacidades de las familias”.

Graciano explica que hay un crecimiento en venta y consumo de ultraprocesados, incluso en sectores de menos ingresos, que se reproducen en los productos que forman parte de las prestaciones alimentarias: “El GCBA te paga por el plato servido y a la empresa le conviene el ultra procesado: menos trabajo, más ganancia y menos chance de desperdiciar alimentos, con lo cual termina siendo lo más rentable”, detalla.

La Organización Panamericana de la Salud señala que el consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio es un problema de salud pública que se asocia a las enfermedades no transmisibles que más afectan a la población: el sobrepeso u obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, y las enfermedades vasculares, cardíacas, cerebrales y renales. Argentina tiene una de las cifras más altas de la región en sobrepeso u obesidad, que ​​​​afecta a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, a 7 de cada 10 personas adultas. Y continúa en aumento.

Lucas Tedesco, referente nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), acompaña la “red de comedores por una alimentación soberana”, un espacio que nació en medio de la pandemia y plantea que el gobierno y el estado tienen que pensar en alimentos de calidad para la articulación con las organizaciones sociales y también para instituciones, escuelas, hospitales.

“¿Qué nos pasa en la Argentina con el problema del hambre que parece que siempre estamos en emergencia alimentaria?”, se pregunta la socióloga María Victoria Sordini, que estudia programas alimentarios recuperando las biografías de cuatro generaciones destinatarias de estos programas para analizar cómo se configuraron sus prácticas del comer. En su trabajo, la investigadora señala que “amplios sectores de la población no comen lo que quieren ni lo que les hace bien, sino lo que pueden” y que “la mala alimentación repercute en la formación de los cuerpos, condicionando la estatura, la dentadura y el desarrollo cognitivo, debilidad en los cuerpos genera debilidad en las interacciones sociales que constituyen, sostienen y reproducen a la sociedad”. Al igual que Tedesco, resalta que “el alimento en nuestra sociedad no es un bien social, sino una mercancía” y “ese es el problema alimentario” que a su vez es modelado por las intervenciones alimentarias desde el Estado que también responden a estas lógicas.

“En el origen de los servicios de comedor eran las propias cooperadoras las que lo brindaban, pero con el tiempo llegamos al punto en el que solo se sostienen cuatro escuelas con la autogestión porque lo que no hay es voluntad política de apoyar y acompañar a las comunidades con esa facultad que ya tienen dentro de la normativa vigente”, concluye Paula Insaurralde Amaya, una madre de la Escuela Primaria Álvarez Thomas.

En este escenario, todavía resta saber qué ecos tendrán los reclamos por vía judicial y legislativa iniciados por las cooperadoras, y si estas acciones alcanzarán para poner en agenda la democratización de las decisiones alimentarias, como también, si logrará frenar el proceso de licitación del servicio alimentario escolar de 2022 que vuelve a beneficiar a las 19 concesionarias en detrimento de la calidad alimentaria, mientras la autogestión aparece como un ideal para gestionar el servicio que requerirá de un importante apoyo estatal para concretarse.

Fuente: Télam