Hacia una nueva gestión de envases responsable e inclusiva
Por Manuel Mateu, coordinador de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
El 16 de junio de este año, volvió a presentarse en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo, que busca establecer criterios de responsabilidad extendida (REP) para los envases que se colocan en el mercado.
La iniciativa presentada por el oficialismo utiliza como base el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2021, inspirado en el principio de «quien contamina paga», que se aplica en Europa (Directiva 2004/35/CE) y otros países del mundo, donde «quien cause daños medioambientales es responsable de los mismos, por lo que debe tomar las medidas preventivas o reparadoras necesarias y sufragar todos los costes relacionados»; y fue enriquecido con las experiencias nacionales de articulación con cooperativas de cartoneros y la perspectiva de transición justa.
El proyecto busca trabajar sobre tres aspectos fundamentales.
1 -Ecodiseño: promover que los envases que se coloquen en el mercado sean mejores en términos de impacto ambiental.
2- Sistemas inclusivos de gestión de envases: una vez que el envase está en el mercado hay que gestionarlo incluyendo a los cartoneros y cartoneras que ya vienen realizando esa tarea de manera individual u organizados en cooperativas.
3- Promover la cadena de valor de los residuos valorizables, aumentar la capacidad instalada de reciclado, I+D en tecnología de valorización de envases.
La propuesta permite a las empresas optar o combinar los mecanismos para ejercer la responsabilidad extendida:
* sistemas de devolución y retorno (envase retornable)
* sistemas de gestión privada aprobados por la autoridad de aplicación.
* Pago de la tasa: los fondos recaudados SÓLO pueden financiar la recuperación de materiales y los sistemas públicos e inclusivos de recuperación de envases
Por otra parte, el proyecto de ley prevé esquemas progresivos y graduales de implementación y cumplimiento de metas de recupero y de inclusión, los cuales deberán ser acordados a través de mecanismos consultivos donde participan distintos organismos del estado, el sector privado, la sociedad civil y los trabajadores.
Como dijo hace una semana el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovizky, en la Conferencia Internacional sobre Residuos Sólidos Urbanos, la basura «representa uno de los problemas más acuciantes en materia ambiental y social que tenemos en la Argentina». Para entenderlo, solo hay que darse una vuelta por los miles de basurales a cielo abierto que se extienden a lo largo de nuestro territorio.
En nuestro país se generan diariamente aproximadamente 45.000 toneladas de residuos sólidos por día, de los cuales sólo recuperamos el 6%. Si analizamos únicamente envases la cifra es menor al 15%. La solución requiere una mirada amplia, integral, responsable, planificada y humana, donde todos los actores (estado, organizaciones de recuperadores, empresas y sociedad) deben asumir la parte de responsabilidad que le toca.
Hasta ahora los que se pusieron la tarea al hombro, son los miles y miles de cartoneros y cartoneras que recorren las calles y los basurales para recuperar e impedir que estos residuos terminen contaminando la tierra, el aire, nuestros mares y ríos. Son ellos los que recuperan más del 90% de los materiales que hoy vuelven a la industria. ¿Y que les damos a cambio de esta enorme tarea ? Exclusión , precarización y hasta discriminación. Son ellos también, a través del trabajo que realiza Natalia Zaracho en su rol de diputada, los que vuelven a poner el tema en agenda aportando a la discusión y sentándose a consensuar con todos los actores y hasta cediendo en varios puntos para lograr llegar a buen puerto.
En 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que América Latina requiere aproximadamente US$14.000 millones por año para incrementar la valorización de residuos y recomienda desarrollar normativas REP para abordar el tema. California, Colorado, Oregón, Chile, Uruguay, Brasil y la Unión Europea, son solo algunos ejemplos donde las empresas deben pagar por la gestión de sus envases, u ocuparse a través de diversos sistemas.
Desde el 2021, se realizaron innumerables reuniones con el sector privado, sectores ambientalistas, organizaciones de recuperadores e intendentes para poder avanzar con esta propuesta, que no resuelve el tema de manera definitiva, sino que abre un camino e instala un horizonte de solución. Este proyecto cuenta con el apoyo de sectores del empresariado nacional y ha incorporado varios puntos a pedido de los mismos y de la oposición.
En los últimos 24 años ya se presentaron 48 proyectos, de distintos bloques políticos, que intentaron avanzar sobre este tema. Esperemos que esta vez no volvamos a chocar con la pared de los intereses mezquinos de un puñado de multinacionales y que el conjunto de la clase política entienda la necesidad de avanzar en una Ley de envases con Inclusión Social.
Fuente: Télam
