La radiografía de la pandemia en Centroamérica
Con más de 6.000 muertes y más de 210.00 casos confirmados, Centroamérica continúa su lucha contra el coronavirus a un ritmo desigual. Panamá es segundo país de América Latina con mayor tasa de contagios, solo por detrás de Chile, con casi 17.000 casos por cada millón de habitantes. Con más de 1.500 muertes confirmadas entre sus 3,8 millones de habitantes, es también la nación centroamericana con mayor número de fallecidos por la covid-19 en función a su población. En cifras absolutas lo supera Guatemala, con 2.186 fallecidos para sus más de 16 millones de habitantes. Honduras, con 1.446 muertes confirmadas hasta el 6 de agosto, es otro de los puntos rojos de la región, atendiendo a los números oficiales recopilados por la Universidad Johns Hopkins.
Esos tres son también los tres países centroamericanos con más casos positivos acumulados, seguidos de Costa Rica que, pese a que logró contener bien la expansión de la enfermedad al inicio de la pandemia, ha visto un repunte de casos el mes pasado que le obligó a endurecer las medidas de mitigación. En marzo la región fue una de las primeras en reaccionar frente a la pandemia, con cierre de fronteras y cuarentenas especialmente estrictas en El Salvador, Guatemala y Honduras, que se han ido flexibilizando en las últimas semanas.
La gran excepción ha sido Nicaragua. Desde el inicio de la crisis, el Gobierno de Daniel Ortega minimizó la pandemia y nunca implementó medidas contundentes para frenar la expansión del virus. Pese a que los números oficiales hablan de 123 muertes y cerca de 4.000 casos en esa nación, un conteo independiente del Observatorio Ciudadano de la covid-19, un panel de expertos multidisciplinario que ha sido tomado en cuenta por la Organización Mundial de la Salud, cifra los casos positivos acumulados en casi 9.500 y los decesos en más de 2.500.
Como ha sucedido en el resto del mundo, la paralización de la economía y las duras cuarentenas que han implementado algunos países de la región para evitar el colapso de sus sistemas sanitarios han tenido como consecuencia una brusca caída de la economía y un aumento de la pobreza de las familias que han tenido que quedarse en casa sin poder ir a trabajar.
El golpe a la economía
La crisis del coronavirus ha hecho que la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) actualice sus proyecciones de crecimiento económico a la baja para 2020. En el caso de Centroamérica, el organismo prevé una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de 6,2 puntos, una contracción económica que supera a la registrada durante la Gran Depresión de 1930, del 5%.
“Ya toda Centroamérica inició de alguna manera la reapertura económica y ahora vienen las consecuencias de una recesión tan severa”, advierte el hondureño Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). “El mundo se ha contraído y vamos a encontrar lastimosamente que muchas oportunidades que teníamos antes ya no van a estar ahí y viene un ajuste muy duro y quienes van a sufrir más, como en todas las crisis, son las personas más pobres”. Según explica, estudios de su organismo han identificado entre los grupos más vulnerables a las mujeres jefas de hogar que se han quedado sin trabajo y a personas desempleadas y sin ahorros en las zonas urbanas, que podrían sufrir una crisis alimentaria.
Por eso, en la fase de reactivación económica, recomiendan a los Gobiernos invertir en programas para proveer alimentos a las familias desempleadas y apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que vuelvan a generar puestos de trabajo. Además, Mossi aboga por dinamizar el mercado interno centroamericano ante la caída de algunos de los principales mercados de exportación de los productos de la región, como EE UU y la Unión Europea. “El comercio interno nos hace muy fuertes. Yo se lo digo a todos los presidentes. Si Centroamérica fuera un país seríamos la cuarta economía de América Latina con un mercado de 60 millones de personas”, afirma el presidente del BCIE. Su organismo ha apoyado con préstamos, un fondo de apoyo a pequeñas y medianas empresas y kits de pruebas a los Gobiernos de la región.
El informe de la Cepal Dimensionar los efectos de la covid-19 para pensar en la reactivación, publicado en abril, atribuía precisamente la caída de las economías de la región la reducción del comercio internacional, la bajada de precios de los productos primarios y una menor demanda de los servicios turísticos, muy importantes en países como Costa Rica y Panamá. El informe también apuntaba a un descenso en las remesas que, contra todo pronóstico, en México y Centroamérica se han reactivado, en algunos casos rompiendo récords históricos. Y no es la única buena noticia para la economía de la región en medio de la pandemia. Cuatro países centroamericanos aumentaron sus exportaciones entre enero y mayo, entre ellos Nicaragua (14%), Guatemala (3%) Costa Rica (2%), y Honduras (2%), según ese organismo.
En ese sentido, el presidente del BCIE considera que las naciones que dependen más de la producción agrícola y bienes básicos, particularmente alimentos, van a poder recuperarse antes que los que dependen de los servicios y las economías extranjeras. “La gravedad de la situación va a depender mucho de qué tan rápido nuestros socios comerciales nos abran las puertas porque nada de lo que produce Centroamérica ha dejado de ser producido, al contrario de lo que sucede en tragedias como en huracanes donde se pierde muchas estructuras o cultivos. Los hoteles siguen ahí, las playas siguen ahí. Es un asunto de cuándo van a regresar los turistas y los compradores de los productos”, sostiene.
Golpes de autoritarismo
La crisis generada por la pandemia también ha sido la excusa utilizada por Gobiernos de corte autoritario para imponer medidas que han violentado los derechos de sus ciudadanos, como es el caso de Honduras y El Salvador, o han puesto en riesgo a sus poblaciones tras negar el impacto de la pandemia, como es el caso de Nicaragua. El salvadoreño Nayib Bukele ha desacatado fallos de la Corte Suprema de su país, que le prohibían detener a los ciudadanos que violaran la estricta cuarentena que impuso bajo la justificación de salvar vidas. El mandatario, que ha sido duramente criticado por sus formas, respondió a los ataques de esta manera: “Los hubiera fusilado a todos o algo así si fuera de verdad un dictador. Salvas 1.000 vidas a cambio de cinco”.
Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, Bukele ha utilizado la pandemia “como una excusa para concentrar poder y atacar a todos los órganos de control y fiscalización del Poder Ejecutivo, con el evidente objetivo de erosionar las instituciones democráticas”. Vivanco recuerda que más de 15.000 personas en El Salvador fueron recluidas de forma arbitraria en centros de detención “hacinados e insalubres, en muchos casos por más de 30 días, sin ningún sustento sanitario”, por violar la cuarentena. Además, el mandatario declaró una emergencia sanitaria en las cárceles y ordenó el encierro en celdas hacinadas de miles de reclusos, sin contar con condiciones de salubridad y bajo una estricta vigilancia de las autoridades carcelarias.
“La confrontación es permanente y todo aquel que contradiga o cuestione las políticas de Bukele es catalogado como ‘el enemigo del pueblo”. Es una retórica de manual, ampliamente usada por los caudillos populistas latinoamericanos”, explica Vivanco. “Ha cuestionado el rol de los medios de comunicación independientes, especialmente de los medios de investigación, a quienes acusa de responder a ‘intereses oscuros’. Difícilmente podemos encontrar un récord más autoritario que el de Bukele durante la pandemia entre los países con sistemas democráticos de Gobierno”, afirma el analista.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández impuso un toque de queda desde marzo, un confinamiento absoluto que recluía a los hondureños en sus casas, con la vigilancia de las fuerzas de seguridad. La justificación era reducir los contagios y evitar un colapso de los hospitales, ya de por sí en un estado deplorable en el país centroamericano. Hernández, que dio positivo a la covid-19 y estuvo hospitalizado, ha decidido ampliar el toque de queda hasta el 29 de agosto, aunque ha anunciado la autorización a la población para circular conforme al último dígito del carné de identidad.
Mientras tanto, en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega negó en un principio la pandemia y en una acción temeraria obligó a sus simpatizantes y al personal médico a marchar en la capital, Managua, bajo el lema “El amor en tiempos de covid-19”. Sectores críticos con el régimen han afirmado que el Gobierno sandinista ha falseado las estadísticas de contagios, mientras no toma las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. Los simpatizantes de Ortega atacaron a los ciudadanos que usaban cubrebocas. “La irresponsabilidad de Ortega en el manejo de la pandemia es realmente grave y ha sido catalogada como una de las peores respuestas a nivel mundial. Gradualmente, el Gobierno pasó de negar la pandemia a intentar ocultar deliberadamente las consecuencias de la falta de respuesta frente al virus. En Managua, según trascendió en los medios, cada vez son más frecuentes los entierros “exprés” realizados por funcionarios del Ministerio de Salud bajo supervisión policial. Las autoridades sanitarias, sin embargo, niegan que la covid-19 haya sido la causa de estas muertes. En su lugar, informan a las familias que la causa de fallecimiento es una “neumonía atípica” o “alguna otra enfermedad respiratoria”, explica Vivanco.
“En medio de una pandemia, y en un país de gran fragilidad en materia de infraestructura de salud pública, el Gobierno ha continuado con su política de despidos arbitrarios de médicos que trabajan en el sistema público de salud, y que han criticado la respuesta del Gobierno. Muchos denuncian que deliberadamente se esconden cifras sobre la cantidad de contagios y muertes por coronavirus. También han criticado la falta de cifras sobre la cantidad de testeos y sus resultados son administradas de manera centralizada por el Gobierno. Asimismo, han señalado la falta de equipos de protección para atender en hospitales implica un alto riesgo de contagio”, denuncia Vivanco.
