Por qué los jubilados no pueden derivar sus aportes del PAMI a una prepaga
- Preguntan para qué les sirve ese aporte obligado si no usan el servicio y los beneficios se reducen.
- Las autoridades afirman que hoy la normativa es así y que para revertirlo hay que presentar un amparo.
Hay jubilados que tienen PAMI y al mismo tiempo pagan una prepaga. Muchos de ellos quisieran usar el dinero que aportan a la obra social más grande del país para cubrir aunque sea una parte del costo de la cobertura privada. Es decir, derivar los aportes. Pero no pueden.
El reclamo, que crece en mensajes recibidos en la redacción de Clarín y también se ve reflejado en las últimas horas en las redes sociales, va de la mano de una realidad que lo alimenta: según dispuso el Gobierno esta semana, los jubilados que tienen prepaga ya no pueden acceder a medicamentos gratis.
La inquietud obvia que surgió entonces es para qué les sirve seguir teniendo PAMI si se atienden por otro lado y en la farmacia tampoco pueden obtener un beneficio. A ese primer interrogante se ata el segundo: por qué el resto de la población puede elegir dónde enviar sus aportes y los jubilados no.
Lo último no es nuevo, pero quedó más en evidencia ahora, a partir de decisiones casi simultáneas del Gobierno: a la mencionada de los remedios se suma la de permitir a la población activa derivar los aportes de manera directa a una prepaga, sin triangular con una obra social. “A veces pienso que los jubilados no tenemos los mismos derechos que el resto de los argentinos”, le escribió a este medio Susana Vila, que tiene OSDE.
Fuentes del sector explicaron que la ley del PAMI, de la década del ‘70, daba derecho al afiliado a elegir la obra social en la que quisiera seguir derivando sus aportes. En ese momento el mercado de las prepagas no existía. Luego, una resolución del Ejecutivo restringió esa posibilidad a una lista acotada de obras sociales, que no tienen convenio con prepagas. Esa intervención dio lugar a un volumen importante de amparos judiciales.
Los jubilados tienen una serie de obras sociales predeterminada para derivar aportes. Foto Shutterstock
Clarín consultó a autoridades del Gobierno por este aparente escenario desigual que se da entre los derechos de los jubilados y los del resto de la población. “Son las normativas vigentes, veremos qué sucede en el tiempo”, respondió una fuente oficial, sin más detalle.
¿Hay resistencia de las prepagas a recibir jubilados por ser la población que más recursos médicos demanda al sistema? El hecho de que exista un listado especial de obras sociales dispuestas a recibirlos -como ahora lo habrá también para los monotributistas– habla evidentemente de reparos.
Algunas voces oficiales, sin embargo, ensayaron una mirada más optimista sobre el tema: “Un porcentaje de jubilados está lejos del fenotipo del anciano achacado. Por el contrario, el fenómeno de la época es el alto porcentaje de gente mayor en relación con el total de la población. Hay empresas a las que les vendría bien recibir los aportes de los jubilados vía PAMI”.
Y agregaron: “Son empresas con fines de lucro. Así como sacaron alguna vez programas para primer empleo o empleo joven, bien podrían sacar programas para la generación tardía. Hay todo un fenómeno global de personas veteranas sanas y activas que viajan, consumen, etc., y es un mercado potencial”.
Del deseo a la realidad
Pero al menos por ahora la realidad dice lo contrario. Fuentes de la ANSES, encargada de administrar los aportes de los jubilados, dijeron a Clarín que “la obra social que pueden elegir tiene que ser alguna que, obviamente, acepte jubilados. El listado de obras sociales que aceptan jubilados está publicado. Ahora, la prepaga tiene que aceptar jubilados para que ANSES le derive los aportes. Y como se ve, el listado que acepta es reducido”.
En el PAMI responden que la regulación vigente impide derivar los aportes a una prepaga.
Por su parte, fuentes del PAMI se expresaron en la misma sintonía: “Para que eso ocurra (N. de la R.: la derivación de aportes de la obra social de los jubilados a una prepaga) hay que cambiar una ley, o realizar un amparo”. Dicho sea de paso, la etiqueta de que el PAMI es “la obra social de los jubilados” es elocuente de un anclaje casi inamovible, aunque al Gobierno actual no le ha temblado el pulso para derribar otras leyes del Congreso con decretos “anti casta”.
La ley del PAMI data de 1971 y tuvo una actualización posterior. Allí se afirma, entre otras cosas, que “las prestaciones así establecidas se considerarán servicios de interés público, siendo intangibles los recursos destinados a su financiamiento”. Y que “el Instituto no podrá ser alcanzado por instrumentos legales que prevean su desregulación o competencia regulada”.
Regulación versus desregulación
En ese contexto, el PAMI no sería legalmente un mero simil pasivo de una obra social sindical, con la diferencia -además- de que el administrador en este caso es el Estado. Y el horizonte probable indica que si los afiliados con haberes más altos decidieran en masa derivar sus aportes a una prepaga en caso de que pudieran, el PAMI se quedaría sólo con el dinero de los bajos contribuyentes. ¿Cómo afectaría esa transferencia de recursos a su financiamiento?
Sin embargo, las desregulaciones sistemáticas que el Gobierno ha venido haciendo en este agitado último año soslayan conceptualmente el espíritu solidario que con debilidades y fortalezas rigió históricamente el sistema sanitario argentino. El caso del PAMI -como el del IOMA, ya en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires- parece ser por el momento una excepción al nuevo paradigma.
Curiosamente, ante las críticas bonaerenses de las últimas horas a la desregulación de las obras sociales, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, posteó en la red X: “Defendemos la libertad de elección de los beneficiarios, en contraposición a la cautividad que tiene el IOMA en relación con sus afiliados. Esa es una diferencia sustancial”.
Clarín preguntó con esa misma lógica por el caso del PAMI -que excede la órbita de la SSS- a las diferentes esferas del Gobierno involucradas. Al cierre de esta nota no hubo más devoluciones que las enunciadas. El economista Roberto Cachanosky, que habló del tema también en X, consideró que “si al jubilado que tiene una prepaga no le dan medicamentos pero le descuentan PAMI, es una típica política socialista”.
Más allá de las disputas ideológicas, en el medio queda la gente. “Estoy jubilado y obviamente tengo un descuento de obra social, que va al PAMI. Al mismo tiempo estoy aportando a la prepaga OSDE. No estoy usando los servicios de PAMI. La pregunta es cómo hacer para que PAMI derive mis aportes a la prepaga y conseguir que mi cuota sea más accesible”, explicó Nicolás Troncoso, otro de los que envió su inquietud a Clarín. La demanda es frecuente y clara. La respuesta, hasta aquí, posterga esos atributos.
